Sabemos que el siglo XIX marcó para nuestra historia, la lucha entre dos posturas -política, social, económica e ideo lógicamente contrarias -: el conservadurismo y el liberalismo. Muchos procesos influyeron para transformar el México que dejaba atrás la época colonial y se incluía en el concierto de naciones con dirigencia liberal. Van a ser los primeros gobiernos liberales, resultado del proceso independentista, los que crean las instancias encargadas de la educación pública en México. Las leyes liberales de 1883, van a sentar las bases de tal educación: libre, secular y de competencia del Estado.
La educación publica en México, de unos años para acá, han sido lamentables las reformas que hizo Ernesto Zedillo como Secretario de Educación (hace ya muchos años), hasta el actual Secretario: Reyes Tamez Guerra, han dejado mucho que desear, y lejos de evitar un atraso en estas materias y de sus “constantes” mejoras, seguimos teniendo a nivel mundial uno de los sistemas de enseñanza menos efectivo, y que no cumple con sus papel y responsabilidad que tiene con respecto a las grandes mayorías que acuden a la educación impartida por el estado, si bien no los sumerge en la ignorancia total, los conocimientos que mediocre mente se imparten, no son de gran ayuda para un futuro cercano, o simplemente, para hacerle reto a la vida diaria.
Es probable que muchos opinen, que si no nos gusta la educación pública, se pague una educación privada. Esa podría ser la solución para quienes pueden pagarla, pero para el resto de la población, que lucha día a día, es un sueño casi inalcanzable. Consideran do que esta responsabilidad le concierne al Estado, pues no se trata tan sólo de proporcionar educación gratuita, sino una educación digna, con lo elementos necesarios para poder competir con individuos del mismo nivel de edad y no sólo de México sino también a nivel internacional.
Pues ella, ha marcado nuestra historia al grado de argumentar que nuestra soberanía poco a poco se va construyendo e incluso afinando por la misma convicción de nuestra identidad y orgullo.
Si la educación representa un requisito de actualidad y crecimiento, aunado a la civilización y crecimiento social. Dentro de este espacio reflexivo, por el cual nuestro país se caracteriza pues cuenta con todas las disposiciones para ello, difundiendo la diversidad cultural con la que cuenta nuestro país y su permanencia para las futuras generaciones es primordial.
Aunque dentro de toda la apertura con la que se cuenta en ello, todavía no ha logrado alcanzar los estándares de totalidad y excelencia que tanto se anhela. Pues el rezago educativo radica en su mayoría dentro de ese mismo concepto de oportunidad al ingresar a cualquier institución educativa por primera vez. Sin embargo, el rezago cualitativo en cuanto a esa capacidad de reflexión, entendimiento, hábito de lectura etc. debe ser un esfuerzo permanente y no caer en satis facciones logradas, pues la educación no es un ente acabado o terminado sino que se encuentra en constante mejoría.
Es preciso entender, que la creación de organismos públicos descentralizados, des concentrados o centralizados, con fines educativos; la incorporación de escuelas; la planeación, programación y presupuestario de la función educativa pública; las relaciones jurídico-laborales de los trabajadores de la educación; la descentralización de ciertos servicios federales educativos al ámbito de competencia de las entidades federativas, etc., son otros tantos ejemplos de la necesidad urgente que tienen el administrador, el planificador y el investigador de la educación de conocer el marco normativo dentro del cual se desarrolla su objeto de estudio. En virtud de que el mayor número de profesores, alumnos e instituciones corresponden a la educación pública y no a la privada, dedicaremos este artículo a tratar de definir el marco normativo de la educación pública en México, y de clasificar y enunciar los ordenamientos contenidos en el mismo. Puesto que en un país con el nivel de desarrollo propio del nuestro, la acción orientadora y correctora del Estado en determinadas áreas de la vida social y económica es fundamental, este principio adquiere una importancia particular en el caso de la educación. Es por ello que la necesidad de optimizar la eficiencia en la prestación de servicios educativos, por parte del sector público, no sólo es una etapa indispensable para obtener un mayor nivel de desarrollo económico, sino un supuesto de la legitimación del Estado por la vía de una gestión pública eficaz.
Además del conocimiento per se del orden normativo jurídico de la educación pública en nuestro país, esta recopilación, clasificación y descripción de un conjunto importante de ordenamientos nos dará la ocasión de observar la estructura y el funcionamiento del sistema educativo público. Ahora bien, no obstante que se trata de, llamémosla así, un corte vertical de nuestro objeto de estudio en un momento de su desarrollo y que, por lo tanto, nos aporta sólo una visión estática del mismo, no por ello deja de ser importante para constatar tendencias centralizadoras evidentes, dándonos la ocasión, además, de intentar un análisis prospectivo de la legislación educativa nacional en un momento fundamental de la administración pública mexicana, durante el cual se constata un parte aguas entre la tendencia centralizadora tradicional y la descentralización de la vida nacional, propuesta como proyecto político y como política pública.
Además del conocimiento per se del orden normativo jurídico de la educación pública en nuestro país, esta recopilación, clasificación y descripción de un conjunto importante de ordenamientos nos dará la ocasión de observar la estructura y el funcionamiento del sistema educativo público. Ahora bien, no obstante que se trata de, llamémosla así, un corte vertical de nuestro objeto de estudio en un momento de su desarrollo y que, por lo tanto, nos aporta sólo una visión estática del mismo, no por ello deja de ser importante para constatar tendencias centralizadoras evidentes, dándonos la ocasión, además, de intentar un análisis prospectivo de la legislación educativa nacional en un momento fundamental de la administración pública mexicana, durante el cual se constata un parte aguas entre la tendencia centralizadora tradicional y la descentralización de la vida nacional, propuesta como proyecto político y como política pública.
Del análisis doctrinal precedente se desprende que en el ámbito de la administración pública mexicana la normatividad o juridicidad tiene un doble aspecto, legislativo y administrativo. El aspecto legislativo, como su nombre lo indica, se deriva del proceso formal de elaboración de leyes, las cuales están sujetas a un orden jerárquico que establece la supremacía de determinados ordenamientos con respecto a otros.
El aspecto administrativo, por su parte, tiene su propio orden jerárquico, derivado de la relación jerárquica entre autoridades. Sin embargo, es importante precisar que la norma administrativa se deriva de una facultad otorgada por la norma legislativa, de tal suerte que, en sentido estricto, el origen de nuestro orden normativo se encuentra en la ley y, originalmente, en la Constitución Política del Estado Mexicano.
Sin embargo, se debe precisar que la ley sólo faculta a la autoridad administrativa para actuar. El contenido o materia de la acción administrativa ejercida por aquélla se independiza de la ley y adquiere vida propia; de tal suerte que la norma administrativa, aun cuando fundamentada en la ley, crea obligaciones nuevas o autónomas distintas del texto legislativo. Este nuevo orden normativo, contemplado, como hemos visto, por la teoría del acto administrativo, constituye la política pública, normas administrativas o normas jurídicas lato sensu para distinguirlas de las normas legislativas o jurídicas estricto sensu, pues, al igual que éstas, crean consecuencias de derecho. Crear consecuencias de derecho es, pues, el rasgo distintivo de lo jurídico en su sentido más amplio.
Podemos ilustrar esta reflexión doctrinal con el caso del plan nacional de desarrollo. De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación, el plan -normatividad administrativa- tiene carácter obligatorio para la administración pública federal. La consecuencia de derecho, derivada del incumplimiento de tal obligación, está prevista en los artículos 7º, fracción VIII, y 47, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Con base en todo lo anterior, estamos en posibilidad de definir el marco normativo de la educación pública en México como el conjunto de leyes, planes, programas, presupuestos, reglamentos, decretos y circulares que regulan la función educativa pública en su aspecto legislativo, administrativo, financiero, económico y pedagógico.
Como una conclusión personal, el expresar una opinión en apoyo a la educación pública en todos los niveles educativos en este momento en México, cuando los indicadores que operan para el reparto, destino y resultados de la asignación presupuestaria a la educación es dictaminada por organismos internacionales bajo el esquema de sus propios intereses, es como amar en tiempos del cólera, sólo que sin la magia de García Márquez... sin embargo, o justamente por esto, tratar el tema de la educación pública en nuestro país, es deber que todo educador requiere plantearse si su ejercicio responde al compromiso para con la comunidad, para con el México verdadero, hoy, des estructurado, escindido, el México que ha sido dejado de lado para dar paso a la creciente gama de burbujas de artificios importados, clonados crecimientos, aislados del resto, que viven micro realidades seleccionadas, más por los manejos favorecidos de estrategias de subsidio disfrazados a los que más tienen, que por su capacidad de elevarse al plano del desarrollo propio.
